El paraíso chachón
Una de las características macaronésicas más demoledoras para la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho es que muchas instituciones abusan tanto del fraude y engañifa de ley que sin darse apenas cuenta entran en el campo de la prevaricación. Prevaricar, para un cargo público, es dictar una resolución injusta a sabiendas. Uno sabe que no se puede proceder a tal expropiación con cual motivo, y sin embargo tira para adelante a pesar del informe de los expertos y de la propia convicción. O no se puede autorizar tal establecimiento porque incumple las ordenanzas, los reglamentos que regulan dicha actividad, y los requerimientos exigidos a todos los demás desde siempre… pero a pesar de todo el telefonazo de un amigo, o una visita personal al político de turno, consiguen el trato singularizado. O durante años se trabaja para un decreto, que inicia y cubre todos los trámites de gobierno o parlamentarios, y de repente la presión de un lobby ocasiona el frenazo y marcha atrás, a pesar de lo que hay por ahí fuera, del mismo interés general, y de la lógica más elemental. La trampa altanera, la elipsis y el circunloquio, son algunos de los graves endemismos patógenos de la Administración en el Archipiélago. “Si esto no puede salir así, vamos a ver como lo arreglamos, como retorcemos la normativa, como lo podemos interpretar para evitar corsés“. No es un párrafo de política ficción. Esta forma de proceder afecta tanto a temas de pequeña dimensión, el permiso para un bar, una carpintería, la apertura de un almacén de niños, como a asuntos de gran envergadura, la expropiación del solar de la calle Pavía para zona verde y la posterior recalificación, el pelotazo de la playa de Las Teresitas… Otrosí, la manipulación de los ‘contratos específicos’, que solo pueden utilizarse para realizar un trabajo concreto durante un tiempo determinado, por ejemplo, para hacer un informe sobre la impunidad social con la que algunos desaprensivos acaban con las lapas en Jandía, o para un dictamen sobre las deficiencias estructurales relacionadas con la pérdida de fuelle político del Servicio Canario de Salud, y cosas así. Pero en lugar de eso, las distintas Consejerías han utilizado este método para eludir las prohibiciones de la Ley de la Función Pública y crear un gigantesco coladero. La madeja judicial, atrapada por la paquidermitis de su funcionamiento, se constituye, por una de esas clamorosas contradicciones de la vida, en cooperadora necesaria, pues la defensa de los derechos de los trabajadores a consolidar su puesto de trabajo no marcha en paralelo con la imputación de los empleadores tramposos y su lógica inhabilitación, pues han demostrado que no son acreedores de la confianza pública. En la vida civil nadie se fiaría de ellos para comprarles un coche de segunda mano.
La última modalidad que han encontrado ayuntamientos y cabildos es la fraudulenta utilización de la figura del ‘Bien de Interés Cultural’ para bloquear el funcionamiento debido de la maquinaria judicial y las obligaciones de Costas para la defensa del patrimonio litoral de todos. Ignorando la expresa prohibición de construir en la zona afectada por la servidumbre, muchas personas se apropian de unos metros cuadrados en marea baja, en pleno marisco, y levantan sus casas en primera línea, generalmente cajones de bloque visto, y generalmente, también, segundas residencias. ¿Cómo pueden hacerlo si en Canarias hay medios adecuados para la alerta temprana, integrados por las policías locales, la Guardia Civil, que tiene el eficacísimo Seprona, las concejalías de Urbanismo…? Pues sencillamente toda esta clandestinidad es posible porque los alcaldes y los concejales miran para otro lado, y porque la Audiencia de Cuentas, la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural, y otros organismos, no acuden a Fiscalía o a la comisaría o cuartelillo de la Benemérita más próximo para interponer la correspondiente denuncia. Un Bien de Interés Cultural es otra cosa. Mal estaría la cultura en las Islas, peor que en Burkina Faso, si esas chabolas, esa fealdad, esa picaresca, fuera en efecto un elemento destacado de la cultura isleña. Y como no es eso, bueno fuera, la explicación es que muchos políticos no tienen vergüenza ni complejos para seguir trampeando y eludiendo sus responsabilidades… ante la pasividad de los órganos de control; una pasividad que puede ser cómplice -en muchos casos lo es, por afinidades de partido, de clan, o de lo que sea- o por el síndrome del gato deslumbrado incapaz de distinguir lo que tiene delante.
Eso sí, el Gobierno regional de ATI-CC y el PP está orgulloso y feliz del régimen ‘chachón’: chacho, nada importa; chacho, tú tranquilo; chacho, nunca pasa nada. Esta es la Canarias actual, el ‘paraíso chachón’, que diría Paco Moreno.