Lo dijo sin carcajearse, lo cual sin duda es un mérito… suponiendo que supiera que lo que estaba diciendo era una payasada. Paulino Rivero, en la tarima de oradores del Parlamento, puso la cara trascendente, igual que hay caras para procesiones, para pisotones en los pies y para cuando uno se traga un buche por el camino viejo.

 ”El Gobierno -anunció sin pestañear y mirando fijamente al salón- emprenderá acciones legales, civiles, penales y de todo tipo” contra “quienes hayan imputado delitos a este Gobierno y a sus funcionarios” en relación al tema de las TDT. ¿Acciones “de todo tipo” además de las legales, civiles y penales…? ¿militares y religiosas tal vez? ¿obligará a rezar de rodillas cien rosarios  con música gregoriana a la oposición y a los periodistas que desobedezcan sus instrucciones? ¿les hará oír en posición de firmes, ¡ar!, unas cuantas horas de música militar con la banda de cornetas y tambores de la guardia de Tomboctú? Además, como no citó ningún ‘excepto’, se supone que se refiere también a los tres jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han sido los que, de manera expresa, precisa y contundente, han declarado ilegal, arbitrario y chapucero el procedimiento. Porque han sido estos magistrados, los tres, por otra parte, de reconocidísimo prestigio, los que han establecido, después de manejar sólidos argumentos, que la adjudicación fue ilegal y que hay que volver a baremar, con una mesa de contratación que no sea sustituida por una consultora exterior habiendo funcionarios competentes.

El problema es que don Paulino cree que Canarias es como El Sauzal pero en grande. Los alcaldes de pueblo no le hacen puñetero caso a los jueces y sus sentencias, o no se lo hacían, hasta que a sus señorías se les ha desbordado el vaso de la paciencia y han comprendido que o dan un escarmiento o acabamos en la más pura Bananaria. Pues el presidente del Gobierno, ex alcalde de El Sauzal, parece creer que puede situarse por encima de las leyes, y que las leyes son cosas, preámbulos, artículos, disposiciones transitorias y finales, hechas para los demás, pero que no son de aplicación para controlar al ejecutivo y vigilar la legitimidad y buena fe de sus acciones. No sólo ofende a los órganos jurisdiccionales de la Justicia desde el atril de la Cámara, haciéndola vivir uno de sus momentos más vergonzosos y estrafalarios, sino que pisotea nada más ni nada menos que el derecho fundamental a la libertad de información y opinión, cuyo único límite constitucional es la veracidad. Ni siquiera la ‘verdad’, porque tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional admiten, como no podía ser de otra forma, que no hay una única e incontrovertida verdad absoluta. Basta pues con la veracidad, la búsqueda diligente de la verdad.

¿Y no es veraz hacerse eco de las razones jurídicas que han llevado a los jueces a descalificar al Gobierno en el concurso de las licencias de televisión digital terrestre, al que califican como arbitrario y plagado de ‘errores’ incluso matemáticos? Claro que tampoco hay necesidad de esperar al pronunciamiento expreso de las Salas cuando existen datos que pueden someterse a la prueba de la contradicción y extraer conclusiones verosímiles y honestas. Y antes de que los jueces establecieran la ‘verdad judicial’ con prolijos razonamientos, el sentido común indicaba que el método adjudicador había beneficiado descaradamente a los amigos en detrimento de los ‘desafectos’. Una conclusión a la que podía llegarse por el más simple de los sistemas deductivos. Blanco, líquido y en botella, lo más probable es que sea leche.

Hay otros argumentos impropios de cerebros normales, como el que dice que los que protestan, como ha sido el caso de ‘La Opinión’ de Tenerife, es porque no resultaron adjudicatarios de las TDT. Elemental, querido Watson. ‘La Opinión’ de Tenerife, y cualquier empresa que cumpla los requisitos contenidos en el pliego de condiciones, tiene todo el derecho a concurrir y a esperar que se apliquen las reglas del juego con honestidad y neutralidad. Y cuando estima que se han lesionado sus legítimas expectativas, la Constitución le ofrece la vía del recurso ante los tribunales. Ironizar sobre esto es una majadería que, a mayores, demuestra una peligrosa ignorancia de las bases mismas de la democracia. Es obvio que los presos y represaliados políticos del franquismo que pedían libertad y amnistía querían dejar las celdas y salir a la calle. Naturalmente que tenían un motivo para la protesta.

Desprestigiados, desorientados, con sentencias adversas  que afloran como minas en su ruta hipotecando a la Comunidad Autónoma por su mala, incompetente y prepotente administración,  el peor Gobierno, sin duda, de toda la Autonomía y parte de la península, Paulino Rivero y José Manuel Soria huyen hacia adelante, acercándose al precipicio. Y a la nada hecha pedazos. Hay que ver el juego que puede dar el título del libro de Juan Cruz.
 

Esta entrada fue publicada el Jueves, 18 de Diciembre de 2008 a las 0:59 y está clasificada bajo: APUNTES. Puede hacer un seguimiento de los comentarios de esta entrada gracias al feed RSS 2.0. Puede dejar un comentario, o enviar un trackback desde su sitio.