Excepción hecha de las declaraciones hechas este sábado por el diputado socialista Santiago Pérez, es más que llamativa la tibieza exhibida por los grupos politicos del Parlamento de Canarias ante las cláusulas contractuales del compromiso de asesoramiento suscrito entre el diputado Manuel Fernández, del PP, imputado como supuesto colaborador necesario para el cohecho en el llamado caso del salmón, y el grupo empresarial Anfi, creado por el ya fallecido Bjorg Lyng.

Cielo santo. Alguien en Coalición Canaria debería plantearse seriamente la hipótesis de someter la organización a algún proceso de crionización, en busca de alguna comprobación empírica sobre los efectos de la congelación en la salud de las ideas. Pero no. A ellos les ha dado por irse de congresos, a mayor gloria del espectáculo: que cada cónclave de CC deriva en una apología del disparate lo confirmó este sábado Isaac Valencia. El hombre va camino de fosilizarse en la Alcaldía de La Orotava. Pero entre tanto, lo que sí demuestra tener perfectamente momificadas son sus ideas acerca de la inmigración. Miedo al moro, que nos barre, perpetró Valencia a modo de salutación a los asistentes al congreso de CC de Tenerife, Paulino Rivero included. Pero aún faltaba lo más impresionante, que ninguno de los suyos dijera esta boca es mía para, como poco, lamentar el arranque xenófobo de Valencia.

Más vale tarde que nunca. Y el anuncio llegó ayer. La Fiscalía acaba de presentar una denuncia por racismo contra el periódico El Día al amparo del artículo 510 del Código Penal, que contempla expresamente la incitación a la discriminación, el odio o la violencia por razón de raza, religión, ideología o sexo.

Tanta leña en un día complica algo la digestión. Sus señorías se dieron un repaso de media mañana en el Parlamento a cuenta del caso Tebeto, que empezó con cabreo socialista por la descortesía del consejero Ruano. Para el affaire Tebeto estaba prevista desde el miércoles la presencia en la tribuna del consejero de Industria, Jorge Rodríguez, pero una oportuna gripe apartó de sí aquel cáliz. Que fue a caer en el escaño del titular de Presidencia y Justicia.

En efecto, Tebeto se convirtió en escándalo. Coalición Canaria y el Partido Popular desplegaron esta mañana ante el pleno del Parlamento toda su artillería pesada (excepción hecha de la brigadilla ligera que condujo José Miguel Barragán) para intentar culpar a la diputada Paquita Luengo del escándalo de Tebeto, o lo que es lo mismo, la sentencia judicial que obliga a la Comunidad Autónoma a pagar 92 millones de euros a Canteras Cabo Verde, del empresario Rafael Bittini.

Una indecencia política realmente pornográfica. Manuel Fernández, diputado regional y flamante número dos del PP canario después de que José Manuel Soria le aupara hace exactamente dos meses, admitió ayer ante la magistrada que instruye el caso del salmón que tiene en vigor un contrato con el grupo Anfi Tauro del fallecido Bjorg Lyng que le compromete a prestar asesorías en materia de construcción turística y relaciones institucionales (concesiones administrativas incluidas), a reservarse expresamente toda la información privilegiada de la empresa a la que tiene acceso y, he aquí lo más impresionante, a mantener la exclusividad con esta sociedad, sin trabajar para ninguna otra, por “motivos éticos”.

Cayó el veto, pero habrá comisión de investigación. Previo informe de los servicios jurídicos, la Mesa del Parlamento canario echó esta tarde por tierra la pretensión de Coalición Canaria y el Partido Popular de vetar la intervención de la diputada socialista Paquita Luento en la comparecencia ante la Cámara sobre el escándalo de Tebeto.