“Cuando quieras hacer desaparecer a alguien y que nunca lo encuentren me lo dices, que conozco un par de pozos negros”.

Una isla patas arriba, en un puro sobresalto, en medio de una operación anticorrupción cuyas dimensiones aparentes amenazan con dejar en una pura anécdota los precedentes de Faycán o Góndola en Gran Canaria.

“No tengo nada que ver con esa forma de hacer política y la desautorizo radicalmente”, proclamó López Aguilar 24 horas después de que la Guardia Civil pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote donde, hasta este martes, los socialistas han cogobernado con el PIL de Dimas Martín desde las elecciones municipales. Lo que revela no sólo una muy poco valerosa manera de quitarse de enmedio cuando el viento sopla de cara, sino una sonrojante inexactitud en términos políticos.

Las malas compañías son en política manifiestamente peligrosas. Que se lo pregunten si no al Partido Socialista Canario, al que hoy le ha saltado por los aires su pacto con el PIL de Dimas Martín en Lanzarote, con la detención de once personas, entre ellas el propio Dimas y su hija, y dos militantes del PSC.

Definitivamente dispuesto a no callarse ni una, aún a riesgo de provocar riesgos coronarios en su propia ejecutiva, Jerónimo Saavedra verbalizó ayer el sentimiento de muchos ciudadanos al expresar sin titubeos el hartazgo ante la judicialización y el cruce de imputaciones y querellas como referencia central de la práctica política en Canarias.

El auto de la magistrada Margarita Varona que archiva el llamado caso del salmón, que mantenía imputado por cohecho al vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aporta al líder del PP un importante balón de oxígeno tras la tumultuosa e innecesaria semana de aspavientos en torno a la existencia de un supuesto GAL a la canaria.

El Partido Popular y su presidente, José Manuel Soria, a la cabeza, tienen derecho a la legítima defensa y a acudir a los tribunales si entienden que la legalidad ha sido vulnerada o sus derechos atropellados.