“Los documentos acreditan, a juicio de esta instructora, que Soria y su esposa abonaron sus estancias en Anfi del Mar”.

“Para sufragar las estancias en Anfi se han efectuado pagos con tarjeta de crédito, con talón bancario y con dinero en efectivo”.

“En cuanto a las entregas de dinero en efectivo, las explicaciones dadas por Soria son convincentes para esta instructora”.

“José Manuel Soria y su esposa poseen solvencia económica suficiente para afrontar el pago de sus vacaciones en Anfi”.

“Ambos efectúan declaraciones de renta por valor de 160.000 euros y obtienen ingresos en efectivo por su actividad”.

“Algunos de los ingresos en efectivo no los depositan en bancos y los conservan a su disposición, lo cual no es ilícito”.

“En virtud de los razonamientos expuestos, se decreta el sobreseimiento de las diligencias y el archivo de las actuaciones”.

Que dice José Manuel Soria en un comunicado que su abogado le recomendó poner en conocimiento de “la Fiscalía o el juzgado de guardia” la grabación efectuada al señor Benítez Cambreleng, en la que supuestamente éste habla de presiones policiales para inculpar a cargos del Partido Popular. Sin embargo, todo es un cúmulo de incongruencias. 

1. Quien único ha tenido conocimiento de la grabación íntegra, suponemos, es la revista ‘Época’, del Grupo Intereconomía.

2. No se tiene constancia, después del escándalo formado a lo largo de los últimos días, que la grabación esté en manos de la Fiscalía o el juzgado de guardia.

3. El Partido Popular ha enviado a los medios de comunicación unos extractos de la conversación, cuya duración no supera los treinta segundos en ninguno de los casos.

4. Sería conveniente, ahora que internet ofrece enormes posibilidades multimedia, que el PP enviara la grabación completa, para que los ciudadanos puedan sacar sus propias conclusiones de lo ocurrido y no tengan que estar pendientes de las versiones tan contradictorias de las partes.

5. Soria niega que haya sido él el autor de la grabación a Cambreleng, y asegura que fueron Carlos Sánchez (consejero del PP en el Cabildo) y Rafael Bello (empresario). Pero Carlos Sánchez aseguro que fue únicamente él quien grabó la conversación. Una vez, y no dos como recoge la revista Época.

6. Por la grabación efectuada, por la difusión, y por las presuntas coacciones a un testigo, van a tener que responder todos ellos ante la Justicia. 

7. Y sería más conveniente todavía, que la diputada nacional Carmen Guerra no siguiera haciendo el ridículo en el Parlamento en nombre de todos los ciudadanos canarios.