“Hasta un niño de chupete sabe que Tebeto no vale 101 millones de euros”. Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, podría tener razón en esa afirmación.

Quinientos millones de euros. Ochenta y tres mil millones de pesetas. Dos años de desastres judiciales que son el lodo de aquellas tempestades que se iniciaron a principios de los noventa en Canarias. El ciudadano merece una explicación.

La diputada nacional del Partido Popular, Carmen Guerra, volvió a hacer el ridículo en el Parlamento Nacional a mayor gloria de la teoría de la conspiración.

“No tengo nada que decir porque el dictamen del fiscal y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han sido bastante claros”. Javier García García-Sotoca, nuevo juez decano de Las Palmas, contestaba así a los periodistas acerca de la querella que le han presentado por su trabajo durante la instrucción del ‘caso Faycán’, y que no ha sido admitida a trámite por el TSJC. No es la respuesta que esperaban los periodistas; pero es la manera de pronunciarse que tienen los jueces. La única.

La sentencia que condena al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, a un año y medio de inhabilitación, reconstruye el caso de la siguiente manera:

Muchas dudas había sobre la capacidad de la magistrada Carla Bellini para dirigir investigaciones a los aforados teniendo en cuenta su procedencia: magistrada de designación parlamentaria a propuesta del Partido Popular.

Bienaventurados los jueces que archiven las investigaciones contra el PP, porque a ellos les espera el cielo. Bienaventurados los fiscales que comulguen con ruedas de molino, porque sólo así se entiende España. Y bienaventurados los policías que denuncien a la jefa superior de Canarias, porque de esta forma toma cuerpo la teoría de la conspiración.

Un pequeño paseo por las cuentas del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Pequeño. La policía trata de verificar desde hace un mes y medio si lo que José Manuel Soria dijo a la jueza del ‘caso del salmón’, que pagó en efectivo una parte de sus vacaciones en Anfi del Mar, salió de sus cuentas. Y al parecer, o tiene cuentas secretas y algunos de los pagos no se corresponden en modo alguno con apuntes de extractos de las siete entidades bancarias en las que tiene domiciliaciones.

Que dice Miguel Cabrera Pérez-Camacho (PP) que los policías imputados por filtrar información secreta de los casos ‘Góndola’ y ‘Faycán’ “seguirán adelante con el proceso” y recurrirán el auto de archivo de las denuncias contra la jefa Superior de Policía, dictado el pasado viernes por el magistrado Tomás Martín.