Cada puerta abierta conduce a una habitación oscura y sin salida; las puertas cerradas son infranqueables y sólo dejan ver la luz a través de la rendija que las une con el suelo, también oscuro. Así es el interior del laberinto del ‘caso Tindaya’, una genial idea del escultor vasco Eduardo Chillida para convertir la montaña sagrada en un monumento a la tolerancia transformada en un escándalo que dura ya quince años y ha costado al Gobierno de Canarias 18 millones de euros (sin contar Tebeto). Y la montaña sigue como al principio: intacta.

El TSJC archiva el ‘caso del salmón’ y provoca la euforia de José Manuel Soria. La Fiscalía pretende investigar a la familia del vicepresidente por el concurso eólico. Soria pide poner freno a las filtraciones (llamémoslo así) de las noticias que no le vienen bien a la teoría de la conspiración. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se querella contra Soria y Australia Navarro por calumnias e injurias. El Partido Popular mueve pieza y denuncia a la cúpula policial de Canarias por supuestas presiones a un testigo, Benítez Cambreleng, que sin embargo se querella contra Soria porque asegura que fue el líder del PP el que lo presionó a él. ¿Quién juega con blancas? ¿Quién con negras? La batalla se libra sobre un tablero judicial y no ha hecho más que comenzar con estas dos últimas semanas frenéticas que se han vivido. Del Parlamento al juzgado y vuelta a la Cámara. Así se entiende últimamente la política en Canarias.

Los que pensaban que la imaginación de un partido político asustado por tener a una veintena de cargos imputados por corrupción acabó con un jefe de prensa escondido tras una palmera para espiar a los militantes díscolos, se equivocaron. También  erraron los que pensaron que, tras el archivo de un juez  de las denuncias de policías contra sus mandos, a los que acusaban de amañar pruebas para crear artificiosamente los casos de corrupción del Partido Popular en Canarias, se acababa la teoría de la conspiración.

Una cena con un presunto narcotraficante al que había absuelto un par de años antes. Un “insistente” interés en acordar con sus compañeros de Sala la libertad bajo fianza de un preso por tráfico de drogas, hermano de la persona con la que había cenado y a la que había absuelto. Tres empresas familiares dedicadas al asesoramiento jurídico. Tres facturas por valor de más de treinta mil euros de origen desconocido. Y un total de 72 cuentas corrientes vinculadas a su nombre. Son los secretos mejor guardados del ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, al que el TSJC acaba de condenar a un año y medio de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público. En eso quedó la condena, pero la instrucción de la causa 1/2006 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC destapó, al menos, una conducta poco habitual en un magistrado.

12 de febrero de 2009. Un periódico que no es LA PROVINCIA ofrece en “exclusiva” el contenido de un informe policial relacionado con el ‘caso del salmón’ que tan de los nervios trae a José Manuel Soria. Bajo el título “La policía verifica los reintegros de Soria”, el líder de los populares canarios durmió a pierna suelta esa noche. Soria no se quejó ante el TSJC por la filtración, que en ese caso era exclusiva, y se quedó bastante contento con el titular. Aunque el informe venía a pedir autorización a la magistrada instructora para investigar a fondo las cuentas de Soria. Nada menos.

“Reclamo una explicación clara, rápida y contundente, sobre si la actual jefa superior de Policía de las Islas, Concepción de Vega, fabricó casos de presunta corrupción contra dirigentes y cargos del PP que fueron detenidos”. José Manuel Soria, líder del Partido Popular en Canarias, se despachaba a gusto el pasado 20 de febrero, poco después de que se conociera la ristra de denuncias policiales que insinuaban que las operaciones contra la corrupción de su partido podrían esconder asuntos muy  turbios y ajenos a un Estado de Derecho.